Transcurrido un cuarto de siglo desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), las preocupaciones e intereses que modelaron este instrumento internacional parecen haber perdido una parte de su vigor y sensibilidad. En efecto, el debate 'geográfico', que constituyó tradicionalmente el núcleo del llamado 'Derecho del Mar' -es decir, hasta dónde un Estado tiene control sobre los espacios marítimos adyacentes a sus costas; o en dónde se extienden las libertades reconocidas a los buques de otros Estados- estaría siendo paulatinamente relativizado por un enfoque 'funcional', en el que el control del mar, o la ausencia de ese control, se define más por la naturaleza de la actividad que por la fijación de límites convencionales para el ejercicio de la misma. La capacidad real de un Estado para gestionar los recursos en sus aguas jurisdiccionales, o sus crecientes competencias de hecho para prevenir o remediar las consecuencias de incidentes pasibles de afectar el medio marino frente a sus costas, son signos precursores, aunque parciales, de este cambio de paradigma. En un futuro cercano, el Estado que ejerza un control eficaz de sus espacios marítimos será el que tenga un conocimiento real e integral de los océanos, incluida su interrelación y su vinculación con el territorio terrestre y la atmósfera.
En el anterior contexto, áreas del conocimiento como la oceanografía, reducto de ámbitos estrictamente científicos hasta hace poco más de una década, adquieren una dimensión geopolítica estratégica; disciplinas cuasi ignoradas, como la gestión integrada de zonas costeras, comienzan a ser revalorizadas. Actividades a las que los negociadores de la CONVEMAR brindaron una atención marginal, tales como la investigación científica marina, suscitan un creciente interés e iniciativas de reformulación -particularmente a través de la llamada 'oceanografía operacional'- son objeto de un encendido debate jurídico y político. Luego de reseñar y fundamentar el anterior proceso, en el presente trabajo se procura defender la necesidad de que la Argentina se inserte activamente en el mismo, promoviendo una política de Estado para el conocimiento científico de los océanos. Asimismo, se trata de explicar cómo la Cancillería puede alentar y contribuir a configurar esa inserción, de manera que nuestro país, que en su momento se centró en la defensa de sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre su mar, cuente ahora con las herramientas adecuadas para ejercer de manera eficaz esos derechos, en beneficio de nuestra sociedad.
